Intercambio comercial

El comercio de todas las colonias españolas estaba bajo los dictámenes de la corona. Con el fin de aprovechar al máximo la nueva fuente de materias primas de alta calidad, España estableció un monopolio comercial con América. Para ello se implementó el sistema de flota y galeones, que consistía en la circulación de navíos mercantes desde Europa hacia América y viceversa, los que transportaban las materias primas y los productos manufacturados para ser transados. Estos, además, eran vigilados de cerca por barcos de guerra (galeones), los que aseguraban la integridad de las mercancías y de la tripulación.

Gracias a esta modalidad, el intercambio era continuo. Los comerciantes de nuestro país, por medio de sus agentes, llegaban a la ciudad de Portobello (Panamá) para adquirir los productos manufacturados provenientes de Europa, entre los que destacaban armas, joyas, aceite, vino y telas. Su traslado incrementaba considerablemente el precio de venta, lo que, paralelamente, fomentaba el contrabando de mercancías para conseguirlas a menor costo.

El monopolio comercial era tan estricto que incluso el intercambio entre las mismas colonias estaba fuertemente vigilado. Este hecho cambió de forma progresiva a contar del siglo XVII, cuando la corona flexibilizó las trabas comerciales. Una de ellas repercutió de manera directa en nuestro país, ya que permitió la apertura de dos importantes puertos, Valparaíso y Talcahuano.

Condiciones de trabajo indígena

Durante la Colonia, los gobernadores asignaban cierto número de indígenas a cada conquistador para que estuviesen bajo su cuidado. Estos debían trabajar según las órdenes de los españoles y pagarles tributos (en dinero o especies), debiendo recibir a cambio protección, comida y abrigo. Este sistema se conoció con el nombre de encomiendas y cada español a cargo de un grupo de indígenas recibió el nombre de encomendero.

Sin embargo, la situación no era tan ideal y, finalmente, las condiciones de vida de los aborígenes bajo el sistema de encomiendas eran paupérrimas.

Por ello, durante el siglo XVII fueron impulsadas una serie de medidas que intentarían regular y mejorar las condiciones de trabajo indígena. Sin embargo, a pesar de contar con el apoyo de importantes autoridades, pocas fueron implementadas y la mayoría obtuvo solo el repudio de los encomenderos.

En 1609 se intentó finalizar el servicio de encomiendas, pero solo se logró excluir a las mujeres y a los niños menores de 18 años. Doce años más tarde se promulgó la Tasa de Esquilache, que en 1622 sería modificada y llamada Tasa Real; esta medida fracasaría al igual que su antecesora. Ya en 1633 se redactó la Tasa de Laso de la Vega, donde se fijaba el tributo en diez pesos. Gracias a la iniciativa de Ambrosio O'Higgins, en 1789, se puso término oficial al sistema de encomiendas. La corona española determinaría su abolición definitiva en 1791.

Impuestos coloniales

La directa vigilancia y administración que ejercía la corona española sobre el comercio de nuestro país no dejaba escapar ningún detalle, beneficiándose con cada una de las actividades económicas que se desarrollaban en el territorio.

El diezmo era el tributo que se cobraba a la producción agropecuaria y que sustentaba las labores religiosas, mientras que el quinto real gravaba el oro extraído en las minas y lavaderos correspondiendo a un quinto del total. También existía el almojarifazgo (impuesto de aduana sobre las mercancías que circulaban entre España y América), la alcabala (relacionado con la compraventa de bienes muebles o inmuebles) y la anata o media anata (correspondiente al pago del sueldo de uno o medio año).